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lunes, 21 de noviembre de 2011

La Ruta de las que serán Violadas

Del sufrimiento de las migrantes centroamericanas que deciden marcharse hacia Estados Unidos sabe muy bien Marcela Zamora, una cineasta salvadoreña de origen nicaragüense que cuatro veces hizo y deshizo el trayecto que día a día recorren miles de centroamericanos con la esperanza de cruzar la frontera hacia el llamado sueño americano. Se trata de una angustiosa travesía por México de 5.000 kilómetros, en la que las mujeres centroamericanas padecen todo tipo de abusos.

Esas historias incluyen maltratos y violaciones, por los que estas mujeres, antes de dejar sus países, toman sus precauciones: muchas se inyectan Depo-Provera, un compuesto anticonceptivo de una sola hormona llamada medroxiprogesterona que impide la liberación del óvulo durante tres meses con una eficacia hasta del 97%. Este medicamento es vendido libremente en las farmacias centroamericanas. Algunos expertos han llamado al Depo-Provera la "inyección anti-México".

La mayoría de las personas que dejan Centroamérica para intentar llegar a EE UU son mujeres: son el 57% de los migrantes de Guatemala y el 54% de El Salvador y Honduras, según la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala. Marcela Zamora cuenta que el uso de esta inyección es relativamente nuevo. En sus primeros viajes, Zamora vio que las mujeres llevaban condones, su única protección ante el abuso al que son sometidas por los llamados coyotes o polleros, las autoridades mexicanas o los bandidos que asaltan a estas mujeres y abundan en el recorrido.

Los preservativos son como amuletos a los que se aferran muchas centroamericanas. "Una mujer en la Casa del Migrante de Guatemala tenía en su bolsa como única pertenencia 12 preservativos", cuenta Argan Aragón, un especialista en migración que ha hecho el recorrido de los migrantes y se está doctorando en Sociología en La Sorbona. "Cuando se le preguntó por qué los llevaba, respondió: 'Es que yo sé a lo que voy'. Realmente saben a lo que van. Se estima que entre seis y ocho de cada 10 mujeres centroamericanas son violadas en su paso por México", asegura Aragón.

Conscientes de que no pueden evitar ser violadas, las migrantes centroamericanas deciden inyectarse Depo-Provera, así, al menos evitan quedar embarazadas producto de las violaciones. Aunque eso no las previene de enfermedades como el sida, advierte Zamora. La cineasta recuerda que en Chiapas, al sur de México, conoció la historia de un hombre que era el terror de las centroamericanas. Supuestamente portador del VIH, violaba a las mujeres impunemente. "Cometió los crímenes durante año y medio", cuenta Zamora, hasta que las autoridades de México lo detuvieron.

Además de usar Depo-Provera, las centroamericanas han optado por buscarse "maridos" en el trayecto, continúa la directora. Se unen a grupos de hombres migrantes como ellas, escogen uno y llegan con él a un acuerdo simple: protección a cambio de relaciones sexuales durante el trayecto. Otras usan su cuerpo como boleto de viaje para llegar a EE UU. "El sexo se vuelve una estrategia para ellas. Algunas cuentan que piensan librar controles de las autoridades migratorias o policiales, librar asaltos, hacerse ayudar durante el viaje o irse con un camionero de frontera a frontera, a cambio de favores sexuales", explica Aragón.

Y muchas lo logran, afirma este sociólogo. "Muchas hondureñas se visten muy sexi durante el viaje (con escotes y minifaldas), para seducir y así ir pasando los obstáculos. Conocí a una niña muy guapa, que viajaba con pollero y con toda su familia, que tenía que ir haciéndose novia de un chavo autóctono en cada camión para que la policía no le pidiera papeles a ella. También tendría que acceder a lo que le pidiera cualquier autoridad, y también se le entregaba al pollero. No sé cómo llegó a Los Ángeles, si es que llegó, pero esto ha de haber alterado su percepción de sí misma y de la de sus padres, con quien viajaba", dice Aragón.

El maltrato también viene de parte de las autoridades mexicanas, asegura Sara Lovera, periodista de ese país que ha estudiado el fenómeno. "Nadie se hace cargo de las migrantes. Ellas sufren una enorme cadena de violaciones a sus derechos humanos, y la extorsión es una de las cosas más terribles: para dejarlas pasar por México, el pago es el sexo para las autoridades", explica Lovera.

La cineasta Marcela Zamora agrega a la lista de vejaciones la extorsión a la que están sometidas por Los Zetas, la organización criminal mexicana que siembra el terror en todo el país y el norte de Centroamérica. Los Zetas, explica, secuestran a los migrantes que cruzan México y exigen a sus familiares el pago de altas sumas, que muchos no pueden entregar; si no pagan, son asesinados.

En su documental María en tierra de nadie, Zamora entrevista a una migrante que fue capturada por Los Zetas. La mujer, entre llantos, contó a la cineasta que a cambio de dejarla con vida, le exigieron que trabajara durante un mes como cocinera y empleada de un "carnicero": "Es el que mata a las personas que no tienen a nadie que responda por ellos. Destaza a la gente, los mete en un barril y les prende fuego", cuenta la mujer. "Adaptarse a esa realidad es ahora inyectarse el Depo-Provera", dice el sociólogo Argan Aragón. "Ante la absoluta desesperación e incertidumbre del viaje, las mujeres tratan de controlar lo poco que depende de ellas. Las migrantes saben que van a tener relaciones sexuales, que es muy probable que los hombres, aun en caso de relación sexual sin resistencia, no aceptarán ponerse el preservativo".

(Carlos Salinas Maldonado)

jueves, 17 de noviembre de 2011

Mujer Frontera - Border Woman

Mujer Frontera es un proyecto realizado con mujeres víctimas de la trata que participaron como mujeres activas en lugar de víctimas observadas.

Con este proyecto se ha querido:
  • Hacer visibles a las mujeres que han sufrido la trata como personas capaces de proponer y de evaluar políticas o acciones relacionadas con la atención a mujeres víctimas de la trata.
  • Dar valor a las experiencias y estrategias que han desarrollado para soportar, afrontar y superar la trata.

La investigación-acción se realizó en Filipinas, Estados Unidos, Colombia y España. Participaron mujeres de Colombia, Pakistán, Etiopía, Guatemala, México, El Salvador, Argentina, Rumanía, Filipinas, Senegal, Marruecos y Bolivia, con el siguiente perfil:
  • Mujeres que han sufrido la trata con diferentes finalidades: explotación sexual, extracción de órganos (óvulos), matrimonios serviles, matrimonios forzados, mendicidad ajena, explotación doméstica y explotación laboral en régimen de esclavitud. 
  • Mujeres que escaparon de la trata en diferentes momentos: desde mujeres que salieron recientemente (pocas semanas o meses), hasta casos de más de 10 años.
  • Mujeres que han denunciado y seguido un circuito institucional de atención, y mujeres que han preferido no denunciar y buscar mecanismos alternativos de apoyo.
Desde "Paz en las Casas, Paz en las Calles", queremos apoyar la difusión de este tipo de proyectos que ponen en evidencia las distintas formas de violencia ejercidas hacia el sexo femenino.

jueves, 10 de noviembre de 2011

Llegar Tarde (Mariana Carbajal)

La noticia conmociona. El delegado del Inadi en La Rioja, dirigente del socialismo local, está preso, acusado de rociar con alcohol y prender fuego a su esposa, Ana Carolina Morales, embarazada de cinco meses, y con quien ya tiene un hijo de un año y medio. La mujer, de 30 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el vientre, antebrazos y manos, entre otras partes de su cuerpo. Está internada en un hospital en San Juan, recuperándose. El parte médico señala que su cuadro es “estable”. Ana Carolina se está recuperando y pudo contar la horrorosa escena, a diferencia de Wanda Taddei –quien fuera pareja del baterista del grupo Callejeros– y de tantas otras víctimas de femicidios, muertas como consecuencia de las quemaduras causadas por sus parejas o por las otras formas que adquiere la barbarie machista. Escuchar el relato de Ana Carolina estremece: “Quiso matarme. Me lo dijo varias veces... me bañó con alcohol. No vaciló ni un minuto. Me prendió fuego”, describió quebrada, entre lágrimas, en una entrevista con la radio FM Fénix de La Rioja. ¿Qué horroriza más? ¿Que Lucero fuera funcionario público, a cargo de la delegación local del organismo encargado de combatir las distintas formas de discriminación que abundan en la sociedad, entre ellas la discriminación hacia las mujeres, caldo de cultivo de la violencia de género? ¿O que su esposa hubiera hecho denuncias previas contra él en la policía provincial por malos tratos, sin que fueran tenidas en cuenta para protegerla de lo que ella seguramente advirtió que podría suceder(le) más adelante? Ana Carolina contó que ya había tenido agresiones “varias veces”, “con amenazas de muerte”. Y que hizo denuncias contra Lucero.

Al parecer, el funcionario tenía otras denuncias en su contra. Si el Inadi estaba al tanto de que Lucero tenía causas abiertas en la Justicia por incumplimiento de la cuota alimentaria con relación a otro hijo al que no habría reconocido de una pareja anterior, no debió designarlo. O tendría que haberlo separado del cargo hasta aclarar el asunto –que es grave–, si había tomado conocimiento del tema luego de su nombramiento. Del mismo modo en relación con las acusaciones que pesan sobre Lucero en tribunales de “promoción de la prostitución”. Dicho esto sugiero tratar de dejar de lado los posicionamientos políticos partidarios para mirar el caso.

En un territorio con reminiscencias feudales como La Rioja, la oficina del Inadi prometía aire fresco: era tal vez el único organismo público situado en la provincia desde donde se hablaba con un discurso de “género” y se defendía la “diversidad sexual”. Desde esa delegación se había repudiado al propio gobernador Beder Herrera cuando en diciembre de 2010 se refirió en forma despectiva a los bolivianos, mencionándolos como “chinos truchos”. A algunas coberturas periodísticas –provinciales y nacionales– parece importarles más si Lucero era afín al kirchnerismo –y por eso prefieren hablar de “escándalo”– que reflexionar sobre el caso.

El punto no es si Lucero apoyó la candidatura de CFK desde una alianza de izquierda o si estaba enfrentado al mandatario provincial. Hombres violentos, lamentablemente, hay en todos lados. Los hay en los claustros universitarios, en las fuerzas de seguridad, en el periodismo, en las cúpulas empresariales, en ámbitos judiciales, obreros, de desocupados. Y en la función pública y la política. La violencia de género no discrimina por sectores sociales. Hay hombres violentos con altos, medios y bajos ingresos. Como señala Graciela Ferreria en uno de sus libros, los maltratadores no son fácilmente reconocibles y no responden a un perfil concreto (alcohólicos, enfermos, locos, impulsivos, etc.); en la mayoría de las ocasiones tienen una buena imagen pública, son incluso seductores y es en el ámbito privado donde se sienten legitimados para ejercer la violencia (Hombres violentos, mujeres maltratadas. Aportes a la investigación y tratamiento de un problema social. Buenos Aires, Sudamericana, 1995).

El punto es investigar qué sucedió con las denuncias que hizo Ana Carolina y que no fueron escuchadas y no generaron un dispositivo que podría haberla protegido para evitar que terminara en una sala de un hospital con el 30 por ciento de su cuerpo quemado. No debemos permitir que haya otra mujer que pida ayuda para salir del círculo de la violencia machista y no la reciba. La mirada debe ir más allá de este caso. ¿Qué respuestas da el Estado en La Rioja (y en otros lugares del país) para proteger efectivamente a las mujeres víctimas de violencia machista?

Ana Carolina está internada desde el 17 de octubre. Dos días después, el 19, Ramona del Rosario García, de 43 años, fue muerta a puñaladas en el interior de su casa, en el barrio Virgen del Valle, de la capital riojana. La policía buscaba a su marido, Roque Alejandro Carrizo, de 49 años, como el autor del femicidio. A los cuatro días lo encontró ahorcado: se había suicidado, al parecer, después de asesinar a su esposa. La prensa local destacó que el 23 de septiembre, es decir, casi un mes antes, Ramona lo había denunciado por malos tratos en la comisaría 3ª. Ni la policía, ni la Justicia, ni ningún otro estamento público protegió a Ramona.

El país cuenta con una muy buena ley contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales, sancionada en 2009 y reglamentada en 2010, que obliga al gobierno a elaborar un plan nacional para prevenirla, sancionarla y erradicarla. En distintos sitios de la Argentina es posible encontrar políticas sectoriales contra la violencia de género. Pero es urgente que se articule una política nacional en todo el país, que incluya un trabajo serio con las nuevas generaciones para combatir el machismo, y para que no haya que vivir en la ciudad de Buenos Aires para contar, por ejemplo, con una brigada especializada que concurre al domicilio cuando la víctima pide ayuda, o para ir a denunciar, o para buscar asesoramiento en una oficina como la que funciona en la Corte Suprema, frente al edificio de Tribunales.

La Argentina es extensa. Las respuestas para enfrentar el problema, como en otros, son diversas. Y a veces no hay ninguna. Hay provincias donde las mujeres están más desprotegidas que en otras. En algunas comisarías de localidades rurales ni siquiera toman las denuncias por violencia de género. Hace poco me tocó socorrer a una joven correntina que trabajó hace algunos años en mi casa y un día me llamó desesperada pidiéndome que la ayudara: en su pueblo, a 100 kilómetros de la ciudad de Corrientes, no le tomaban la denuncia por las amenazas que le venía realizando su pareja –un empleado municipal– con quien convivía. Las amenazas empezaron cuando ella le planteó que quería separarse y terminar la relación. La joven tenía mucho miedo. El le decía que la iba a matar si lo dejaba. En su pueblo no encontró una oficina que le diera asesoramiento para enfrentar la situación. Tuvo que ir hasta la capital provincial para que le dijeran cómo debía actuar, después de que logré ubicar un lugar preciso para derivarla, a partir de numerosos llamados a referentes en la temática. No era información a la que pudiera acceder fácilmente cualquier mujer en Corrientes. El día que la joven tenía prevista la mudanza, un domingo por la mañana, llegué a llamar a la comisaría local e increpé al oficial de turno, para que le tomaran la denuncia y la protegieran cuando ella sacaba los muebles y sus pertenencias de la casa, ante mi desesperación por sus llamados angustiados. Ella lo único que recibía de los efectivos policiales era indiferencia y comentarios machistas. Y estaba aterrada.

Un moretón, una amenaza, un grito destemplado, son señales que no pueden desestimarse. Se corre el riesgo de llegar tarde. Para que no haya más Ramonas ni Anas Carolinas.